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ANTECEDENTES DE LA FAUNA CINEGÉTICA

Resulta proverbial el antiguo dicho que afirmaba que, al tiempo de la llegada de los romanos a Hispania, una ardilla podía recorrer la Península Ibérica desde Gibraltar hasta los Pirineos sin necesidad de pisar el suelo. Los extensos bosques de la Península albergaban una rica fauna que comenzó a verse profundamente afectada por la sistemática roturación de campos, por las deforestaciones y por la generalización de la agricultura y la ganadería.

El hábitat se transformó profundamente y las grandes especies se vieron más restringidas y limitadas en sus cada día más escasos espacios naturales. Por el contrario la fauna menor y esteparia experimentó un cierto auge y los agricultores debieron tomar medidas para defender sus cosechas. Por esa causa la caza menor se generalizó entre la población rural durante los siglos XIX y XX.



Actualmente al fauna de caza mayor está viviendo una era de abundancia probablemente desconocida en tiempos anteriores. El abandono de tierras y campos propiciado por las políticas agrarias de la Unión Europea, el progreso y las corrientes conservacionistas están propiciando el incremento de las grandes especies que contrasta con el número relativo de las especies menores que carecen actualmente de los hábitats más idóneos y de suficientes aportes alimenticios.


EVOLUCIÓN

La caza en España como en las diferentes partes del mundo se caracteriza por tener unos mismos antecedentes prehistóricos. Es en el periodo neolítico, momento en el que el ser humano empieza a cultivar el suelo y a domesticar y criar animales, cuando comienza la evolución del concepto de caza deportiva tal y como hoy lo entendemos. La caza pasa de ser la única fuente de obtención de aportes proteínicos y elementos necesarios como pieles y fibras, a ser un complemento de la ganadería y la agricultura. Más tarde llegará a representar solamente la "no renuncia a un placer aún existente asociado a una atávica y ya desaparecida necesidad de supervivencia", reservada, en general y durante mucho tiempo, a los grupos sociales más favorecidos.

La afición cinegética de los pueblos prerromanos ya fue testimoniada desde los tiempos de la colonización griega y fenicia de la Península, y escritores como Estrabón, Plinio y Marineo Sículo dieron fe de las prácticas venatorias de los pueblos peninsulares. Se auxiliaban de perros de determinadas y muy apreciadas razas y practicaban la caza como "diversión", para "conservar la agilidad del cuerpo y acostumbrar el ánimo a los peligros" y, también, "como recurso del que usaban para atender a sus necesidades". Más tarde, durante la época romana, la caza llegó a adquirir gran importancia imponiéndose incluso como tributo.

Durante el periodo visigodo parece que las únicas limitaciones al ejercicio de la caza radicaban en la necesidad de que el mismo no supusiese un peligro para las personas o para los animales domésticos por causa del empleo de medios y aparatos ocultos capaces de causar muerte o lesiones. Se deduce también de la legislación vigente en aquel periodo que en los terrenos públicos, y aun en los de propiedad privada no cultivados, cualquier persona podía ejercitar la caza. En la larga etapa de la Reconquista el libre ejercicio del derecho de caza estuvo, en principio, a todos reconocido.

La ordenanza general de 1772 ordenó y armonizó todo lo que anteriormente se había estatuido en materia de caza. Se prohibió la caza de la perdiz con reclamo, ya fuese éste macho o hembra; el uso de lazos, perchas, orzuelos, redes y cualesquiera otros aparatos, armadijos y medios ilícitos, exceptuando las aves de paso, para cuya caza permitía emplearlos. Carlos IV, gran aficionado a la caza, creyó poner eficaz remedio a los abusos que se llevaban a cabo en esta materia dictando, por Real Cédula de 3 de febrero de 1804, una ordenanza general de caza y pesca. Esta norma estuvo vigente, con algunas modificaciones, hasta la publicación del Real Decreto de 3 de mayo de 1834 que fue reemplazado a su vez por la Ley de 10 de enero de 1879 la cual significó una importante reforma en el sentido de la aparición de un verdadero derecho de caza. La Ley de caza de 1902 -que sustituye a la anterior- y su Reglamento de 1903 se enfrentaron con los difíciles problemas que ya entonces planteaba la armonización del aprovechamiento y la conservación de la caza, con el respeto debido a los derechos inherentes a la propiedad de la tierra, a la seguridad de las personas y a la adecuada protección de sus bienes y cultivos.

No obstante, las circunstancias económicas y sociológicas del país se transformaron profundamente en el transcurso del siglo y en 1970 una nueva ley de caza vio la luz en España. En efecto, el auge y el desarrollo de las comunicaciones supuso no sólo el incesante aumento del número de cazadores sino, incluso, el que lugares que antes se consideraban muy alejados se hicieran entonces asequibles para cualquier aficionado; también el incremento experimentado por el turismo, así como la industrialización y comercio de la industria cinegética motivaron un cambio y una radical transformación en la normativa a aplicar.

SITUACIÓN ACTUAL

Hoy la caza se ha generalizado de manera notoria entre amplias capas de la población. No sólo la caza menor, de más fácil acceso para el habitante de las predominantes áreas rurales agrícolas, sino también la caza mayor, antaño muy reservada a estratos muy privilegiados de la sociedad. Este hecho deriva en parte y por un lado del abandono del campo y del progresivo desplazamiento de numerosas personas a las zonas urbanas habiendo provocando con ello un cierto re-asilvestramiento de entornos agropecuarios y forestales. Por otro deriva también de las importantes economías generadas por la caza considerada como recurso natural y renovable.

Sin embargo, todo ello no ha favorecido la recuperación de algunas especies que, en delicada situación hace unos decenios, hoy ya se hallan al borde de la extinción. Es el caso del oso pardo y del lince ibérico, o del bucardo -la cabra montesa de los Pirineos- extinguido definitivamente en el año 2000. Esto ha tenido una clara traducción en la determinación restrictiva de las especies cazables -las "cinegéticas"- que han sido explícitamente señaladas en el Real Decreto 1095/1989 en el que además de declararse las especies de caza y pesca se establecen normas para su protección.

La transformación política experimentada por España, que ha pasado de ser un Estado unitario a convertirse en un Estado cuasi federal o autonómico, también ha tenido un claro reflejo en la caza y en su legislación. Hoy las competencias en materia cinegética ya han sido transferidas sustancialmente a las diferentes Comunidades autónomas y desde las órdenes de veda a la autorización de captura de ciertas especies constituyen materias decididas totalmente en un ámbito regional.

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